Human Rights pulveriza la justicia correísta

“Las autoridades ecuatorianas deberían llevar a cabo una investigación exhaustiva e imparcial sobre denuncias creíbles de injerencia política en el poder judicial. Las evidencias indican que altos funcionarios del gobierno del expresidente Rafael Correa y del Consejo de la Judicatura han interferido en la resolución de casos de interés político para el gobierno, así como en el nombramiento y la destitución de jueces”: así presentó hoy Human Rights Watch el informe que hizo tras una visita en noviembre de 2017 “para evaluar los niveles de independencia judicial”. Ya en 2014, esta misma organización había señalado cómo esa independencia “se había visto gravemente vulnerada durante la gestión de Gustavo Jalkh”.

Human Rights Watch volvió a charlar con “altas autoridades del Consejo de la Judicatura, jueces en ejercicio o destituidos, personal de la Defensoría Pública, asesores de legisladores en la Asamblea Nacional, abogados, académicos y organizaciones no gubernamentales que trabajan en estos temas” y documentó 12 casos. En ellos prueba que el Consejo de la Judicatura, el Ministerio de Justicia o asesores de Correa intervinieron sugiriendo a los jueces cómo fallar. Aquellos jueces que no acataron las disposiciones fueron suspendidos o destituidos, dice la organización de derechos Humanos. En su informe figuran pruebas de la intromisión política en la Justicia: los correos electrónicos que fueron filtrados. O el memorando de la Presidencia que “ordenaba a jueces rechazar demandas contra el gobierno”.

Uno de los mecanismos más usados por el Consejo la norma del Código Orgánico de la Función Judicial según la cual puede remover o destituir jueces por desempeñarse con “dolo, manifiesta negligencia o error inexcusable”. Human Rights Watch recuerda que, entre 2013 y agosto de 2017, 145 jueces fueron suspendidos o removidos por cometer “errores inexcusables”. Una práctica que Gustavo Jalkh ha defendido cuando la realidad muestra que no ha sido más que un mecanismo discrecional que permitió al correísmo meter las manos en la Justicia, usar jueces y amedrentar a toda la función judicial.

El informe de Human Rights Watch es demoledor para Gustavo Jalkh y el sistema montado por el correísmo, justo ahora que el Consejo de Participación transitorio hace su evaluación. Esta organización destaca “la existencia de un patrón de acciones gubernamentales orientadas a presionar o coaccionar al poder judicial en su manejo de casos importantes o con implicancias políticas durante el gobierno de Correa”. Ese patrón responde, entre otras, estas características:

  1. El Consejo de la Judicatura y otras oficinas del gobierno llamaban a los jueces para fallar según sus pedidos. Aquellos que se negaban “sufrían represalias, que en varios casos, llegaron a su destitución”.
  2. 2. Los jueces que no cumplían las instrucciones del Consejo en casos delicados, recibían repentinamente una carga abrumadora de trabajo, les quitaban personal u otros recursos, para luego ser removidos por negligencia.
  3. La manipulación de la Justicia fue un asunto integral en el que intervinieron la Presidencia de la República y su secretaría Jurídica, el Consejo de la Judicatura, el Ministerio de Justicia, la Presidencia de la Asamblea Nacional. HWR analiza los correos electrónicos filtradosen los cuales intervienen Rafael Correa, Alexis Mera, Gustavo Jalkh, Johana Pesántez (ministra de Justicia), Carmen Simone, (ministra de Justicia subrogante), Diego Guarderas (subsecretario de Justicia).
  4. El gobierno correísta ordenó a los jueces constitucionales y civiles rechazar “acciones de protección” contra el Estado.

Human Rights Watch agrega la copia del memorando oficial emitido por Alexis Mera el 19 de octubre de 2013. Allí se “amenaza a los jueces con la posibilidad de destitución en caso de incumplimiento, e indica que si no desestiman tales acciones sus casos se remitirán al Consejo de la Judicatura”.

 

José Luis Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch, pidió al Consejo de Participación Transitorio “analizar todas las evidencias de intromisión política indebida en el poder judicial”. E instó al gobierno de Moreno a “asegurarse de que todos los funcionarios en ejercicio y exfuncionarios que abusaron de su poder para influir en la independencia de la justicia respondan por sus actos, y comprometerse a impedir que esto vuelva a suceder”. Esto concierne no solo a Gustavo Jalkh sino a Alexis Mera y su equipo del cual hacía parte Johana Pesántez. Con Correa, ella fue consejera en temas judiciales y Ministra de Justicia. Con Lenín Moreno, ella es secretaria jurídica de la Presidencia. Otra funcionaria funcional al correísmo que no es digna del momento de transparencia, verdad y Justicia que exige el país.

0 Comments

    Leave a Comment

    Login

    Welcome! Login in to your account

    Remember meLost your password?

    Lost Password