Más propuestas se suman a la reforma de la Ley de Comunicación

La Comisión de Derechos Colectivos de la Asamblea Nacional quiere consolidar una Ley de Comunicación más participativa. El equipo legislativo sigue recibiendo los criterios de asambleístas y de sectores sociales y profesionales que quieran ser parte de la reforma.

La vicepresidenta de la Comisión, Marcela Holguín (Revolución Ciudadana), explicó que hasta el momento se han presentado alrededor de 18 propuestas de cambio, incluida la que impulsa la Presidencia de la República. Todas estas iniciativas serán llevadas a un debate. Por eso, la intención de la Comisión de Derechos Colectivos es escuchar a la mayoría de colectivos y ciudadanos.

Por ejemplo, esta semana acudieron a la Asamblea los dirigentes de la Federación Nacional de Periodistas (Fenape), de Fundamedios y de Ciespal, quienes hicieron observaciones a las reformas a la Ley de Comunicación. Susana Piedra, presidenta de la Fenape, exigió la eliminación de la figura del linchamiento mediático. Una disposición, que a su criterio, encaminó las sanciones a los medios y la censura en las salas de redacción.

Ella sugirió que la Ley respete los convenios internacionales de libertad de expresión y DD.HH. de los cuales el país es suscriptor. No hay un plazo para que la comisión de la Asamblea termine su trabajo. Se prevé que las sesiones se extiendan hasta mediados de julio. Mientras esto ocurre en la Asamblea, otros sectores ciudadanos quieren debatir esta reforma.

Este viernes 22 de junio, en la Universidad Técnica de Manabí se realizó un foro para analizar los alcances de la propuesta. El secretario nacional de Comunicación, Andrés Michelena, destacó la reforma que busca dejar atrás una ley punitiva. “Creemos en la libertad de expresión basada en el respeto”, dijo el funcionario según la cuenta de Twitter de la Secom. Lo mismo sostuvo el presidente del Consejo de Comunicación, Danilo Silva, quien sostuvo que es “fundamental eliminar no solo la Superintendencia de Comunicación, sino cualquier órgano administrativo que pretenda controlar el ejercicio de la libertad de expresión”. (I)

F. El Telégrafo

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