Julia, esposa del “Pablo Escobar ecuatoriano”, con prisión preventiva

Policía Nacional El juez de Garantías Penales Ángel Moya, acogió el pedido de la Fiscalía y dictó prisión preventiva contra Julia M.G., además otorgó un plazo de 90 días para el cierre de la instrucción fiscal. La Fiscalía presentó como elementos de convicción el dinero incautado, los partes de detención y de allanamientos realizados, los informes periciales de la Unidad de Lavado de Activos de la Policía Nacional (ULA) y de la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE). La tarde del miércoles 18 de abril, los jueces de la Corte Provincial del Guayas, Francisco Morales, Andrés Alvarado y Mario Blum, declararon la nulidad de la audiencia de habeas corpus realizada el viernes 13 de abril del presente año y que disponía la libertad inmediata de Julia M.G.

En su resolución los magistrados dispusieron que el proceso vuelva a los hechos anteriores a la audiencia realizada en esa fecha y ordenaron el cumplimiento de la pena impuesta el 17 de marzo de 2018, en el que se la sentenciaba a 28 meses de pena privativa de libertad, por delincuencia organizada. Antecedentes Julia M.G., vinculada a una red de narcotráfico, salió de la cárcel el 14 de abril luego de que jueces de la Sala Especializada de lo Laboral de la Corte Provincial de Guayas aceptaran la acción de habeas corpus y anularan su sentencia por delincuencia organizada. Tres días después, la noche del 17 de abril, la fémina fue recapturada en Jaramijó (Manabí) en el operativo “Revancha”, ejecutado por agentes de la Unidad de Investigaciones Antinarcóticos (UIAN).

Durante la acción se recabaron como evidencias más de $ 7.000 y celulares en el vehículo que se movilizaba. La Fiscalía General del Estado (FGE) informó que había una orden de detención en contra de la mujer con fines investigativos. La ciudadana es esposa de Édison Prado Álava, alias “Gerald”, ecuatoriano extraditado en febrero pasado por Colombia hacia Estados Unidos, señalado de enviar 250 toneladas de estupefacientes a ese país. La detención de “Gerald” en Colombia, en abril de 2017, permitió a alias “Guacho” tomar su lugar.

Dinero encaletado Julia cumplía una sentencia de 28 meses de privación de libertad en una celda del Centro de Rehabilitación Social (CRS) Femenino, en el km 17 de la vía a Daule, en la periferia de Guayaquil. El delito por el cual la condenaron fue delincuencia organizada. La imputada obtuvo la mínima pena al acogerse al procedimiento abreviado después de aceptar su participación en el acto ilícito. Normalmente el citado delito es sancionado con pena privativa de libertad de 7 a 10 años, según lo establecido en el Código Orgánico Integral Penal (COIP).

Un agente de la UIAN, de quien se reserva la identidad, explicó que Julia fue aprehendida (con otras ocho personas) en abril de 2017 durante el operativo “Sol Naciente”. En esa operación se encontraron $ 17 millones escondidos en caletas de cuatro viviendas. Dos de las casas eran propiedad de la detenida. Diligencia en que fue liberada La audiencia de habeas corpus inició a las 14:26 del viernes 13 de abril. Walter Vallejo, abogado de Julia, expuso que “no hay autoría de mi defendida en este delito.

La prisión preventiva no reunía los requisitos para que existiera. No por ser conviviente tenía que haber una relación con el acusado principal del delito, por lo que mi defendida es inocente”. Los tres jueces declararon nula la sentencia que pesaba contra Julia, desde marzo pasado, tras una audiencia de procedimiento abreviado. Además, la resolución incluyó que Julia se defendería en libertad en un proceso ordinario y para garantizar su comparecencia se le dictaron las medidas sustitutivas de prohibición de salida del país y usar un dispositivo de vigilancia electrónica.

Suspensión de jueces Gustavo Jalkh, presidente del Consejo de la Judicatura (CJ), anunció el martes último la suspensión de los tres jueces de la Sala Especializada de lo Laboral de la Corte Provincial de Guayas. La medida se aplicó a los magistrados Marco Vinicio Jirón Coronel (ponente), Carlos Miguel Pinto Torres y Luis Alfredo Muga Torres. El titular de la Judicatura indicó que los mencionados jueces, a través de un recurso de habeas corpus, modificaron una sentencia penal, lo cual “es jurídicamente improcedente”.

Adicionalmente, el funcionario sostuvo que se abrió un expediente disciplinario en el que se determinará si, con su actuación en este caso, los jueces cometieron un error inexcusable. Julio César Cueva, abogado en libre ejercicio, explicó que el habeas corpus es un recurso constitucional que sirve para proteger el derecho a la vida, la libertad y cualquier otro conexo.

Esta acción lo tramita cualquier sala que avoque por sorteo. “La acción legal ataca el acto mediante el cual se pone un límite o restringe de forma ilegal, inconstitucional o arbitraria la libertad, la vida o integridad física, para cesar ese acto. Sin embargo, no es un recurso para anular una sentencia condenatoria y obtener libertad a través de ese medio. Es improcedente”, manifestó Cueva.

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