José Serrano denuncia que jueces “beneficiaron a narcotraficantes”

El expresidente de la Asamblea, José Serrano, informó que en los próximos días concluirá una investigación en contra de jueces y fiscales que estarían beneficiando a delincuentes acusados por narcotráfico.

El legislador explicó que, según los resultados preliminares de la investigación, las denuncias son en contra de 15 jueces y 2 fiscales de la provincia de Manabí y 12 jueces de Guayas. “Con sus sentencias han beneficiado a narcotraficantes. Con procesos abreviados y sin quitarles los bienes”, indicó. Serrano sostuvo que el juez Jiménez (no dio su nombre) dilató las audiencias de narcotráfico. “Así se benefician mediante proceso abreviado. ¿Narcotráfico con dos años de prisión o las otras personas, como no se dio la sentencia, ya presentaron hábeas corpus para salir libres?”. 

La denuncia- que aún no ha sido presentada en el Consejo de la Judicatura, pero sí socializada a la ciudadanía- fue hecha en el marco de una acusación por atropellos a familias de Pedernales. “Son graves situaciones que existen en el sistema de justicia y en el accionar de algunos miembros de la Policía Nacional”, apuntó Serrano. El asambleísta dijo que recibió a las familias Velasco y Bone para que comentaran los hechos que no solo han vivido ellos, sino varios pobladores de la zona.  “El 12 y 13 de abril, la familia fue sometida a autoridades corruptas, como el juez Ureta, que estuvieron al mando del operativo, el Mayor Figueroa y el Teniente Coronel López”.

Denunció que las familias, con cerca de 14 miembros cada una y que han habitado en el sector por el lapso de 15 años, fueron desalojados por 40 supuestos policías uniformados, muchos de ellos encapuchados y que asistieron con retroexcavadoras, antimotines y armas, “a desalojar a los niños mientras sus padres no se encontraban”. Serrano dijo que el caso también será denunciado penal y administrativamente en contra del juez Ureta, del depositario judicial y en contra del Mayor Figueroa y el Teniente coronel López. Además, presentará a la Asamblea Nacional una reforma legal “que establezca un procedimiento para que ya no se den este tipo de situaciones”.  Los hechos se habrían dado por un proceso judicial que inició en 2014 en contra de las familias Bone y Velasco.

“Con una argolla, con un proceso doloso que no coordinaron con el MIES y donde se violentaron todos los procesos administrativos que se mantiene con el Ministerio del Interior”. Serrano reiteró que se trata de “jueces pagados” y que al respecto existen 60 procesos de desalojos que se están realizando de la misma manera. Añadió que denunciará a “personas extranjeras que están detrás de estos desalojos”. El legislador no descartó que se pueda investigar incluso las acciones realizadas en el periodo cuando fue titular del Ministro del Interior.

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