Jalkh y Mendoza quieren comerse a Trujillo y sus boys

Daniel Mendoza, Gustavo Jalkh, entre otros correístas, hacen ahora equipo: tienen en su mira al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social transitorio. Lo quieren acotado y controlado. Y para eso golpean las puertas de la Corte Constitucional.

La arremetida está articulada alrededor de una fiebre legalista que, en forma inesperada atacó a Mendoza y a Jalkh. Para el presidente del Consejo de la Judicatura todo arrancó con la suspensión del concurso para jueces y fiscales por parte del Consejo Transitorio, que él juzga inconstitucional. Mendoza prefirió el discurso prospectivo. No acusa (no todavía) al Consejo Transitorio de haber violado la Constitución, la ley o el mandato recibido en las urnas el 4 de febrero pasado. Pero, poseído por un súbito sentido del deber, quiere evitar que el Consejo desborde sus facultades. Eso es lo que dice seguro de que le van a creer.

Jalkh hizo un pedido directo a la Corte. Mendoza quiso enrolar a toda la Asamblea para que vote una resolución autorizando a su presidenta para que “presente una acción de interpretación ante la Corte Constitucional”. Un pedido para que analice el alcance constitucional contenido en el mandato que dieron los electores el 4 de febrero al Consejo Transitorio.

La jugada de Jalkh y Mendoza, para la cual ya hay más voluntarios de la bancada correísta, es redonda: dar a la Corte Constitucional un rol de dirimencia en un problema inventado por ellos. De esa manera, pretenden matar tres pájaros de un tiro: sacar a la Corte Constitucional de la lista de lo entes que deben ser evaluados por el Consejo de Transición; la convierten en juez. Dos: poner cortapisas al mandato del 4 de febrero que no necesita ser interpretado, pues está claramente formulado y así fue votado por el pueblo soberano. Tres: inventarse un relato según el cual el Consejo de Transición está comportándose como una mini Asamblea Constituyente y quiere denominar mandatos sus resoluciones administrativas. No hablan como Rafael Correa, pero dicen lo mismo. Y Correa ya asimila la acción de Julio César Trujillo y los otros seis consejeros con una dictadura.

Jalkh y Mendoza son más sutiles. Los dos comparten una memoria frágil con síntomas evidentes de Alzheimer. Jalkh habla de legalidad y constitucionalidad con ese aire de profesor distraído que nunca ha puesto en práctica lo que predica. Mendoza no quiere, y lo dice como si hubiera hecho la resistencia, que nadie vuelva a concentrar el poder como lo hizo Correa. Por supuesto, y sin que mucho se note, establece una línea de comparación entre el ex presidente autoritario y los miembros del Consejo de Transición. Además se adorna, con un aire falsamente ingenuo, para decir que ciertos pronunciamientos de Julio César Trujillo le permiten inferir que tiene una lectura equivocada del mandato que está ejerciendo. Por lo demás, dijo en una entrevista con Eduardo Khalifé, lo que él busca es sencillo: que la Corte Constitucional circunscriba el marco de acción del Consejo de Transición y que sus miembros sepan que los asambleístas –es decir él y aquellos que aspiran a que nada cambie– tienen control político sobre ellos. Eso nada más.

A Mendoza hay que agradecerle porque, a pesar de las pinzas que usa, habla claro. En ese sentido, la entrevista con Khalifé es una pieza excepcional. Primero, porque el asambleísta de Manabí cree que, tras diez años de autoritarismo, puede disfrazar sus intenciones bajo un montón de hojarasca retórica.  Segundo, porque muestra las razones por las cuales quieren que la Corte Constitucional interprete el mandato del 4 de febrero. De hecho, ya anuncia la expectativa que tiene en caso de darse esa interpretación ante la corte correísta, que durante años no supo defender y garantizar los derechos democráticos: el Consejo Transitorio solo podría evaluar tres de los nueve jueces de la Corte Constitucional y uno de los 5 miembros en el Consejo Nacional Electoral.

No oculta su coartada que se resume en pocas palabras: el Consejo Transitorio solo tiene facultad para evaluar las autoridades designadas por el consejo cesado. Y hace sumas y restas. Como si el mandato hubiera hablado de la fecha en que las autoridades que deben ser evaluadas fueron designadas. El mandato dice autoridades responsables de instituciones que han dado –o no– resultados al país. Y la Corte Constitucional y el CNE no solo fueron funcionales al régimen autoritario sino que lo fueron en forma colegial: sin fractura entre sus miembros.

Los escenarios tras los cuales corren Jalkh y Mendoza son de alto gatopardismo. No quieren desconocer, porque no son suicidas, al Consejo de Participación transitorio. Incluso se llenan la boca apoyando su labor. Pero quieren limitar su acción para que los simulacros de instituciones dejadas por Correa permanezcan intocadas. Por eso ahora sí susurran al oído de los que quieren oírlos que es en su nombre que quieren comerse la única institución que, en estos momentos de transición para volver a la democracia, encarna la esperanza ciudadana.

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