CONTRALORÍA DEBE EXTENDER INVESTIGACIONES A GOBIERNOS SECCIONALES DE LAS ALCALDÍAS Y CONSEJOS PROVINCIALES

Uno de los aspectos de la fiscalización que no debe ser descuidado – por más que se diga que son problemas menores – es la que debe llegar a todos los gobiernos seccionales del país, en donde lamentablemente los tentáculos de la corrupción también han llegado contaminando a los procesos de contratación pública.

En la provincia de El Oro, por ejemplo, se debe investigar por qué la obra del terminal terrestre tuvo más de cuatro reajustes de precio, cuando lo correcto es que se respete el presupuesto y contrato originales. De 15 millones de dólares que era el presupuesto inicial de la obra, terminó costando más de 22 millones de dólares, en una suerte de ajustes y desajustes que encarecieron la obra en más del 30%.

Otros de los casos son los denunciados en la Prefectura, en dónde los proveedores se quejan por falta de pago oportuno, a pesar de que los trabajos realizados contaban en su momento con la partida presupuestaria correspondiente, de manera inentendible ese dinero ha sido desviado para cubrir otros gastos en una clara violación a los que dispone la Ley de Contratación Pública.

Los municipios no se quedan atrás y los denunciados son Pasaje, Santa Rosa, Huaquillas y Arenillas, cabildos altamente conflictivos por la presencia de diferentes grupos sociales  y políticos que se alían entre sí, para alcanzar un objetivo común, que en este caso sería la Alcaldía de cualquiera de ellos.

De la gestión que viene desempeñando el Prefecto, se cuestiona no sólo la falta de obras y de iniciativa en lo que se refiere a proyectos, sino además de permitir que la mayoría de maquinaria que tiene la empresa EMVIAL, se esté pudriendo a sol y agua, sólo por el hecho de no conseguir ningún tipo de contrato o trabajo que ponga a trabajar esos bienes estatales. Este tipo de carácter negligente también debería entrar entre los medidores de corrupción que manejan.

Con el transcurrir de los días y luego de los meses y años, las obras abandonas y luego retomadas por otras instituciones del Estado, no reflejan sino la falta de ejecutividad del Prefecto, que no tiene capacidad de gestión, al punto que los planes y desarrollos de proyectos turísticos en la provincia, están a cargo de una oficina en Loja, desde dónde se coordina una entrevista formal y  afable.

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