Chile expulsa a los militares y funcionarios aduaneros bolivianos presos

Nueve ciudadanos bolivianos —siete funcionarios aduaneros y dos soldados— han sido declarados culpables de delitos de robo y contrabando por la justicia chilena y condenados a tres años de prisión, informa AFP. A los dos soldados detenidos se les suma el delito de porte ilegal de armas.

El tribunal, por su parte, aceptó la solicitud de la defensa de extraditar a los acusados a su país de origen y serán expulsados de Chile en un plazo de 30 días.

Detención contradictoria

El 19 de marzo, las autoridades de Chile detuvieron a nueve militares y funcionarios de aduana de Bolivia. La Paz ha asegurado que se trataba de agentes fronterizos que combatían el contrabando, mientras que Santiago ha denunciado que intentaron asaltar camiones chilenos.

El fiscal regional de Tarapacá (Chile), Raúl Arancibia, ofreció la versión oficial de su país: se produjo un “incidente” entre los agentes bolivianos que estaban con “bastante armamento” y ciudadanos chilenos que “iban en un camión” e “incluso hubo algunos disparos“.

Así, los carabineros detuvieron a los funcionarios de Bolivia cuando, presuntamente, se encontraban del lado chileno de la frontera y “habrían intentado apropiarse del camión“, apuntó Arancibia, quien también indicó que secuestraron otros vehículos que “no serían oficiales”.

Postura de Bolivia

El presidente de Bolivia, Evo Morales, sostuvo en Twitter que la acción se llevó a cabo en su país, no en Chile, y que el Gobierno chileno está “usando y defendiendo el contrabando” y “agrediendo al pueblo boliviano”. Respecto al incidente, el mandatario añadió: “Nuestros hermanos bolivianos secuestrados por carabineros de Chile son rehenes de una injusticia, exigimos su inmediata liberación”.

Y el 14 de junio Bolivia denunció ante la Organización de Estados Americanos (OEA) la “injusta y violenta” detención de funcionarios anticontrabando bolivianos.

A través de su cuenta en Twitter, Morales señaló que el informe presentado ante la OEA detallaba irregularidades como “injusta detención, no otorgación de visas, expulsión y veto a periodistas”, así como “discriminación racial a madres de detenidos”. Además, el documento denunciaba hechos de “tortura, amedrentamiento y hostigación“.

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