350 jueces han sido destituidos por el Consejo de la Judicatura desde el 2013

La irrupción en el despacho o llamadas por teléfono con disposiciones directas, o el inicio de expedientes disciplinarios contra los jueces con argumentos como el error inexcusable, la manifiesta negligencia, la falta de motivación, entre otros.

Estas son algunas de las presiones que, según los jueces destituidos, usaba el actual Consejo de la Judicatura (CJ) –órgano de administración, vigilancia y disciplina de la Función Judicial que tiene a Gustavo Jalkh como presidente– cuando no seguían las instrucciones para emitir fallos favorables a funcionarios o entidades del Ejecutivo en el régimen del expresidente Rafael Correa.

“En el caso de los errores inexcusables lo que hace el CJ es revisar la sentencia de los jueces acusados como si fuese un tribunal y eso no lo puede hacer, según la ley, porque solo otro magistrado superior puede revisar una sentencia del inferior. Luego de esto puede actuar el Consejo de la Judicatura (no de oficio)”, dice el penalista Hernán Ulloa, quien ha documentado la destitución de al menos 40 jueces.

Tomás Alvear, director nacional del CJ, afirma que ese planteamiento “es incorrecto porque si la ley quisiera darle un requisito de procedibilidad, lo hubiese establecido en la propia ley, como en el Código Integral Penal que es un requisito de procedibilidad para el peculado, un informe de Contraloría. La ley tiene que decirlo expresamente…”.

Un caso de destitución es el del entonces juez de Garantías Penales Juan Carlos Vizuete, quien el 10 de diciembre de 2015 denunció en providencia judicial ante el CJ la injerencia en su despacho de personas que, a nombre de Jalkh, le exigían que liberara de responsabilidad a dos médicos cubanos acusados de la muerte de un neonato en el hospital público de Milagro, en Guayas.

Vizuete presenta incluso, el 23 de diciembre de 2015, la denuncia ante la Fiscalía por el delito de supuesto delito de tráfico de influencias, pero la querella quedó archivada.

Su destitución se da en marzo de 2016 por error inexcusable. “Se dio por aceptar medidas cautelares contra el Municipio de Milagro”, afirma Ulloa.

Pero la verdadera razón, dice el penalista, fue que no acató la disposición de liberar a los cubanos por parte de una persona que no quiso identificarse en su momento. Sin embargo, Vizuete determinó que se trató de F. P. R., quien se desempeñaba como analista 1 del CJ.

Ulloa tiene también el caso de la exjueza Ivonne Hernández. Ella fue destituida en junio de 2013 tras un expediente disciplinario iniciado por el CJ cuatro meses antes por una denuncia en su contra planteada por el Servicio de Rentas Internas (SRI), por falta de motivación de una sentencia.

El problema es que la denuncia se dio, según Hernández, antes de que ella conceda un habeas corpus a favor de (Álvaro) Noboa (excandidato presidencial) por la prohibición que tenía de salir del país a pedido del SRI, afirma.

“El SRI presenta la denuncia… solicitando mi destitución el día jueves 21 de marzo a las 12:28 y yo emito la sentencia y la subo al sistema para la notificación de las partes ( ) a las 15:45 del mismo día”, indica en su declaración juramentada.

“Cómo es posible, ellos adivinaron que mi sentencia no iba a ser debidamente motivada, de que yo estaba cometiendo prevaricato, no me dieron oportunidad de defenderme”, afirma.

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